La Policía Federal Argentina allanó el domicilio de un adolescente luego de recibir una alerta del FBI vinculada con una conversación que el menor habría mantenido con ChatGPT. Según la investigación, habría manifestado intenciones de realizar un tiroteo en un establecimiento educativo y atacar a sus compañeros.
La investigación se inició el 19 de agosto, a partir de una comunicación remitida por el Agregado Jurídico del FBI en la Embajada de Estados Unidos en Argentina. El reporte advertía sobre un usuario que, durante una conversación con ChatGPT, habría expresado intenciones de cometer un ataque contra una institución educativa.
De acuerdo con los elementos incorporados a la causa, el adolescente habría mencionado inicialmente el año 2027 como posible fecha para concretar el ataque, aunque también habría evaluado adelantarlo.
A partir de la alerta, intervino la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina, que llevó adelante tareas de investigación digital y de campo mediante técnicas de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT).
Los investigadores lograron establecer que el usuario sería un adolescente residente en el partido bonaerense de Quilmes. Por tratarse de un menor de edad, su identidad y demás datos personales permanecen bajo reserva.
Con los elementos reunidos, la Justicia autorizó un allanamiento en su domicilio. Durante el procedimiento fueron secuestrados dos teléfonos celulares y diversos elementos de vestimenta y accesorios de características tácticas, que quedaron a disposición de la Justicia para su análisis.
La causa está a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 1, y fue caratulada como “intimidación pública”.
Además, tanto el adolescente como sus padres fueron citados a presentarse ante la Fiscalía.
ANTECEDENTE RECIENTE
El caso tiene como antecedente otra investigación iniciada luego de una alerta del FBI sobre dos adolescentes que, según la pesquisa, habrían planificado ataques contra establecimientos educativos.
En aquel procedimiento, realizado a principios de este año, se secuestraron dispositivos electrónicos y otros elementos considerados de interés para la investigación. La causa también fue caratulada como “intimidación pública”.
La investigación actual continúa bajo intervención de la Justicia de Quilmes, mientras se analizan los dispositivos y demás elementos incautados para determinar el alcance de las amenazas y si existía una planificación concreta del supuesto ataque.