La Justicia Federal de Azul dio un nuevo paso en la investigación por una presunta organización dedicada al ingreso, distribución y comercialización de estupefacientes dentro de las unidades penitenciarias N° 2 de Sierra Chica y N° 32 de Florencio Varela.
La Fiscalía solicitó la detención y posterior indagatoria de cuatro nuevas personas, además de la ampliación de la imputación de otros seis sospechosos, al considerar que habrían integrado una estructura criminal que operó entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
La medida fue impulsada por la fiscal subrogante de la Sede Fiscal Descentralizada de Azul, María José Buglione, y la fiscal general subrogante de PROCUNAR, Patricia Cisnero.
Una investigación que comenzó con un celular
El expediente se inició en mayo de 2024, a partir del análisis de un teléfono celular secuestrado en el marco de otra causa. Allí los investigadores detectaron una conversación en la que un interno de Sierra Chica negociaba la compra de droga mediante una transferencia realizada a través de Mercado Pago.
A partir de ese hallazgo, la fiscalía comenzó a reconstruir el funcionamiento de la presunta organización mediante el análisis de comunicaciones telefónicas, movimientos bancarios, información aportada por el Servicio Penitenciario Bonaerense, testimonios y distintos allanamientos realizados en domicilios y celdas.
En septiembre de 2025, durante los procedimientos, se secuestraron casi 900 gramos de cocaína, más de medio kilo de marihuana, teléfonos celulares y documentación considerada de importancia para la investigación.
Movimientos de dinero por cifras millonarias
Uno de los elementos centrales incorporados a la causa fue el análisis financiero realizado por la Dirección General de Análisis Criminal (DAC).
Según los informes, uno de los principales investigados registró ingresos superiores a los 235 millones de pesos entre abril de 2024 y abril de 2025, además de transferencias por más de 152 millones de pesos.
El dato tomó especial relevancia para los investigadores debido a que el sospechoso permanecía detenido durante ese período y no registraba una actividad económica formal que justificara esos movimientos.
Para la fiscalía, el flujo de dinero, combinado con las comunicaciones intervenidas, permitiría sostener que se utilizaban cuentas de terceros para recibir pagos por la venta de droga y posteriormente distribuir los fondos, con el objetivo de dificultar el seguimiento del dinero.
Detectaron 19 hechos vinculados al narcotráfico intracarcelario
La pesquisa permitió identificar hasta el momento 19 hechos concretos relacionados con la venta, ingreso y distribución de estupefacientes dentro de los establecimientos penitenciarios.
Además, los investigadores habrían detectado nuevos integrantes que cumplían funciones de distribución en distintos pabellones.
Parte de las comunicaciones analizadas también habría permitido establecer cómo se coordinaba el ingreso de droga a través de visitas para luego comercializarla entre los internos.
En algunos mensajes aparecían expresiones como “la fruta” y “remís”, que, de acuerdo con la acusación, habrían sido utilizadas como códigos para referirse a la droga y a su traslado.
El juez deberá resolver los nuevos pedidos
De acuerdo con la investigación, ya son diez las personas imputadas como presuntos integrantes de la organización. Tres de las cuatro personas cuya detención fue solicitada se encuentran actualmente alojadas en la Unidad Penal N° 32 de Florencio Varela.
Ahora será el juez federal de Azul, Gabriel Di Giulio, quien deberá resolver los pedidos de nuevas indagatorias y la ampliación de las imputaciones.
Mientras tanto, la investigación continúa para determinar el alcance de la presunta estructura y las responsabilidades de cada uno de los involucrados en una organización que, según la acusación, habría desarrollado un esquema de narcotráfico dentro de cárceles bonaerenses.