Aceptó tratar el conflicto de poderes planteado
La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires aceptó tratar el conflicto de poderes planteado por el intendente de General Alvear, Ramón José Capra, y dispuso la suspensión provisoria de las ordenanzas cuestionadas por el Departamento Ejecutivo, en el marco de la disputa por salarios y bonificaciones de funcionarios municipales.
Según la resolución dictada el pasado 12 de junio, el máximo tribunal provincial consideró que el caso es de su competencia y otorgó un plazo de cinco días al presidente del Honorable Concejo Deliberante para responder la demanda presentada por el jefe comunal. No obstante, hasta el momento, la notificación aún no habría sido efectivizada.
Además, la Corte resolvió suspender los efectos de las ordenanzas N° 2.685/26 y N° 2.687/26 hasta que exista una sentencia definitiva sobre la cuestión planteada.
El origen del conflicto
La controversia comenzó luego de que el Concejo Deliberante aprobara una ordenanza que excluyó del aumento salarial del 2,5% correspondiente al mes de mayo a la categoría 4 ingresante, utilizada como referencia para determinar los haberes del intendente, concejales y funcionarios políticos.
Asimismo, el cuerpo legislativo dispuso congelar hasta octubre los salarios de aquellos funcionarios que no se encuentran alcanzados por la Ley Provincial 14.656 y estableció un límite del 50% para las bonificaciones otorgadas por el Departamento Ejecutivo, medida que afecta a cargos que actualmente perciben porcentajes superiores.
Frente a esta situación, Capra presentó una demanda el pasado 10 de junio solicitando la nulidad de las ordenanzas aprobadas por el Concejo mediante el mecanismo de insistencia, luego de que el Ejecutivo vetara las iniciativas.
La decisión de la Suprema Corte
Tras analizar la presentación, la Suprema Corte entendió que el caso encuadra dentro de los conflictos de poderes previstos en el artículo 196 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y resolvió dar curso a la demanda.
La medida implica que las ordenanzas impulsadas por la mayoría del Concejo Deliberante quedan momentáneamente sin aplicación mientras avanza el proceso judicial y se determina la validez de las normas cuestionadas.
Un conflicto que pasa al ámbito judicial
La intervención de la Suprema Corte representa un nuevo capítulo en la disputa institucional entre el Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante de General Alvear. La resolución no solo suspende temporalmente las medidas adoptadas por el Legislativo local, sino que también abre un debate sobre los alcances y límites de las facultades de ambos poderes municipales en materia salarial, presupuestaria y administrativa.
Ahora será la Justicia provincial la encargada de resolver un conflicto que, hasta el momento, se desarrollaba exclusivamente en el ámbito político local.
Fuente: Séptima Sección.