Integrantes de fuerzas federales y sectores de las Fuerzas Armadas expresaron su malestar por el deterioro de los ingresos, las condiciones laborales y la cobertura de salud. La protesta tuvo como uno de sus principales puntos de concentración el Edificio Centinela.
El reclamo salarial volvió a poner en el centro de la escena la situación de los integrantes de las fuerzas de seguridad federales y de sectores de las Fuerzas Armadas. Durante el lunes 24 de agosto se realizó una jornada de protesta que reunió a efectivos y familiares frente al Edificio Centinela, sede central de Gendarmería Nacional, en la Ciudad de Buenos Aires.
La convocatoria alcanzó a integrantes de la Policía Federal Argentina, Gendarmería, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal, con demandas vinculadas principalmente a la pérdida del poder adquisitivo y a las dificultades en las prestaciones de salud. Algunas convocatorias también incluyeron a personal militar.
Según los organizadores de la protesta, los haberes iniciales de algunos sectores rondan los $800.000, mientras que distintos relevamientos sobre el personal militar advierten sobre una fuerte pérdida del poder adquisitivo en los últimos años. Un informe sectorial estimó una caída cercana al 80% del poder adquisitivo de los salarios militares entre diciembre de 2023 y abril de 2026, aunque se trata de una estimación y no de una serie oficial unificada.
El pluriempleo como consecuencia del deterioro salarial
La situación salarial también abrió el debate sobre el pluriempleo del personal militar. En junio se difundieron medidas que flexibilizaron las restricciones para que integrantes de las Fuerzas Armadas puedan desarrollar actividades privadas fuera de su horario de servicio, incluyendo tareas como transporte mediante aplicaciones y seguridad privada, siempre dentro del marco permitido.
Para distintos sectores vinculados a la Defensa, esta situación representa una señal del deterioro de las condiciones económicas del personal y plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para retener profesionales y personal especializado.
Reclamos por infraestructura, salud y operatividad
El reclamo no se limita a los salarios. También aparecen cuestionamientos relacionados con la cobertura de salud, el equipamiento y las condiciones generales de trabajo.
En paralelo, continúan los debates sobre la situación operativa de las Fuerzas Armadas. En agosto, la Armada confirmó que durante 2026 se producirá el retiro de servicio de los Super Étendard, aeronaves que durante décadas formaron parte de la Aviación Naval.
El contraste con el reequipamiento militar
El escenario salarial también genera cuestionamientos políticos frente al proceso de reequipamiento de las Fuerzas Armadas. Argentina avanza con la incorporación de los F-16 y otros sistemas de defensa, mientras sectores militares y especialistas reclaman que la modernización esté acompañada por una mejora de las condiciones del personal.
En ese marco, distintas publicaciones señalaron que Estados Unidos impulsa una provisión de misiles AMRAAM para los F-16 argentinos por un monto cercano a los USD 400 millones.
Otro punto de discusión es la participación argentina en el Ejercicio Multinacional PANAMAX 2026, realizado en Panamá entre fines de julio y agosto, con participación de 19 países y bajo una iniciativa vinculada al Comando Sur de Estados Unidos. Argentina tuvo un rol destacado en el componente de Operaciones Especiales.
La salida del personal argentino al ejercicio fue autorizada mediante el Decreto 650/2026, que dispuso la participación de medios y efectivos nacionales. El decreto también dejó constancia de que el proyecto de ley correspondiente había sido enviado al Congreso y aún no había recibido tratamiento, razón por la cual el Ejecutivo recurrió a un Decreto de Necesidad y Urgencia.
El reclamo salarial vuelve así a plantear una discusión de fondo: cómo compatibilizar el proceso de modernización y reequipamiento de la Defensa con salarios, cobertura social, equipamiento y condiciones laborales que permitan sostener y profesionalizar a quienes integran las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas.