La Justicia federal hizo lugar al trámite de un amparo colectivo que reclama al Estado nacional la reactivación de las obras y el mantenimiento de la red de rutas nacionales en la provincia de Buenos Aires, financiados con recursos del Sistema de Infraestructura de Transporte (SISVIAL).
La presentación fue impulsada por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz contra el Ministerio de Economía de la Nación, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y el Banco de la Nación Argentina. El expediente quedó a cargo del juez federal Ernesto Kreplak, titular del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de La Plata.
La acción judicial solicita que los organismos demandados adopten de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar la continuidad de las obras y el mantenimiento de la infraestructura vial nacional en territorio bonaerense.
El magistrado dispuso la inscripción de la causa en el Registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ordenó notificar a las partes involucradas. Además, requirió al Ministerio de Economía, a la Dirección Nacional de Vialidad y al Banco Nación que presenten informes en los plazos establecidos por la legislación vigente.
Según la demanda, los fondos del fideicomiso del Sistema de Infraestructura de Transporte, financiado a través del impuesto a los combustibles, no habrían sido destinados en su totalidad al mantenimiento y la construcción de rutas. Tolosa Paz sostuvo que tres de cada cuatro pesos del SISVIAL fueron derivados a instrumentos financieros en lugar de invertirse en obras viales, y estimó que alrededor de 1,5 billones de pesos deberían haberse utilizado para mejorar la red de rutas en la provincia.
El amparo no está dirigido a una obra o tramo específico, sino que abarca la totalidad de la red vial nacional en la provincia de Buenos Aires y busca proteger a todos los usuarios actuales y potenciales de esas rutas.
Con la habilitación del trámite, la causa ingresa ahora en una nueva etapa procesal, a la espera de las respuestas del Ministerio de Economía, la Dirección Nacional de Vialidad y el Banco Nación, que deberán informar sobre la administración de los recursos y las acciones adoptadas respecto de las obras viales.