El uso de teléfonos celulares con acceso a internet dentro de las cárceles bonaerenses volvió a generar un fuerte debate, con posiciones contrapuestas entre funcionarios judiciales y sectores de la comunidad universitaria.
El Auxiliar Fiscal Federal de Azul, Lucas Moyano, planteó la necesidad de revisar el uso de dispositivos móviles con conexión a internet en las unidades penitenciarias de la provincia. Según sostuvo, el derecho a la educación puede garantizarse mediante aulas informáticas con redes fijas, monitoreadas y con acceso restringido a portales educativos, sin necesidad de mantener conectividad móvil individual en los pabellones.
El planteo se da en el marco del debate sobre un proyecto que busca prohibir los teléfonos celulares en las cárceles bonaerenses.
🗣️ Pagliere: “50 mil celulares funcionando como un call center del delito”
El juez de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Azul, Carlos Pagliere, respaldó la iniciativa y advirtió sobre el presunto uso de teléfonos desde las cárceles para organizar estafas, extorsiones virtuales, narcotráfico y otros delitos.
Pagliere, junto a Oscar Lieberman y Arroyo Salgado, impulsa un proyecto legislativo destinado a prohibir los teléfonos celulares en las unidades penitenciarias.
“Es una vergüenza que haya 50 mil celulares en las cárceles bonaerenses funcionando como un call center del delito”, afirmó.
Además, cuestionó el argumento de que menos del 1% de los celulares registrados estaría relacionado con causas por ciberdelitos. Para el magistrado, esa cifra no necesariamente refleja la denominada “cifra negra”, debido a que los dispositivos pueden cambiar de manos, ser destruidos o utilizar diferentes chips.
🎓 La UNICEN cuestionó la prohibición
Desde distintos espacios de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) rechazaron la propuesta y consideraron que se trata de una “lectura simplista” del problema.
El ESADyC-UNICEN, PECE-FACSO, la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Humanas, el Proyecto Arte en Cárceles de la Facultad de Arte y la cátedra Derecho Penal de la Facultad de Derecho difundieron un comunicado titulado “Cárceles conectadas o cárceles a ciegas: el peligro de combatir el ciberdelito con slogans”.
Los espacios universitarios sostienen que eliminar la telefonía regulada podría provocar el efecto contrario al buscado: quitar trazabilidad a los dispositivos y favorecer el desarrollo de un mercado clandestino.
También destacaron el rol que cumplen los celulares en el acceso a la educación en contextos de encierro. Según los datos difundidos, el 84% de los estudiantes utiliza sus propios datos móviles para generar Wi-Fi para las computadoras de las aulas, mientras que cerca del 70% asegura que sin el celular no podría sostener sus estudios universitarios.
⚖️ Un debate con posiciones enfrentadas
La discusión plantea dos miradas diferentes sobre el uso de celulares en las cárceles bonaerenses.
Por un lado, quienes impulsan la prohibición consideran que los dispositivos representan una herramienta para la organización de delitos y proponen reemplazarlos por sistemas de conectividad fija, controlada y monitoreada.
Por el otro, desde la UNICEN sostienen que una prohibición absoluta podría favorecer la clandestinidad y afectar el acceso a la educación, por lo que plantean avanzar hacia mecanismos de regulación y control más estrictos, sin eliminar una herramienta que consideran fundamental para numerosos estudiantes privados de su libertad.
El debate continúa abierto y pone en discusión cómo equilibrar seguridad, prevención del delito, control penitenciario y derecho a la educación dentro de las cárceles de la provincia de Buenos Aires.